Una de las restricciones estructurales que enfrenta el sector de la construcción para desarrollar todo su potencial de generación de empleo y agregado de valor tiene que ver con los problemas de acceso a financiamiento de mediano y largo plazos de buena parte de las familias argentinas.
De acuerdo a estimaciones del Ieral un asalariado formal que percibe el salario promedio de la economía (2.500 pesos netos mensuales, primer trimestre 2010) debe destinar 55 sueldos completos para hacer frente a los costos de construir una vivienda de 75 metros cuadrados, suponiendo que cuenta con el terreno. A fines de los años ‘90 se necesitaban 40 sueldos.
Esto no sería un problema tan importante si las familias tuviesen la posibilidad de acceder a financiamiento para la construcción de viviendas a tasas razonables y plazos largos. En este caso se podría distribuir el costo de la construcción en muchos años y sin una gran presión sobre los ingresos.
Lamentablemente, el mercado hoy no está ofreciendo ese tipo de créditos, por distintos motivos.
El Gobierno anunció hace poco una nueva línea de crédito hipotecario del Banco de la Nación Argentina (BNA). Este crédito llega hasta 20 años, se ofrece fija los tres primeros y variable los siguientes, y garantiza que la suba de a la tasa variable no excederá al de los salarios.
El Ieral estimó cuántos hogares del Gran Córdoba y otras regiones del país podrían acceder a este crédito del BNA para financiar una vivienda estándar. Los resultados son poco alentadores.
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, el Gran Córdoba contaba con 435.390 hogares en 2009. Dentro de éstos, queda afuera de todo financiamiento bancario el grupo de hogares con ingresos informales, que no pueden ser demostrados: son un 34 por ciento del total (147.034). Aquí se incluyen hogares con asalariados sin aporte jubilatorio, con cuentapropistas sin calificación profesional, con patrones de establecimientos hasta cinco empleados sin calificación profesional o con trabajadores familiares sin remuneración.
Con ingresos formales hay 288.356 hogares. Si se busca financiar una construcción tipo de 90 metros cuadrados, a un costo de dos mil pesos, se deben pedirse al banco 180 mil pesos. Un préstamo a 20 años de este monto tiene una cuota mensual de 2.350 pesos en los primeros tres años. Para pagarla, la familia debe demostrar ingresos cercanos a ocho mil mensuales (la cuota no puede exceder el 30 por ciento).
De acuerdo a las estimaciones propias, sólo 2,4 por ciento de los hogares del Gran Córdoba puede demostrar un nivel de ingresos superior a ese monto: son 10.384 hogares.
Dado que suele ser común que las familias subdeclaren ingresos cuando responden al Indec, se ha hecho una segunda estimación considerando ingresos reales 20 por ciento superiores a los declarados. Así, la participación de hogares con acceso al crédito se amplía al 3,8 por ciento (16.647 hogares).
Si se compara con otros aglomerados urbanos del país, en el aglomerado Gran Resistencia (Chaco) sólo 0,5 por ciento de los hogares podría demostrar ingresos superiores a los ocho mil pesos, con la declaración de ingresos en la encuesta, y 1,7 por ciento si se supone una subdeclaración del 20 por ciento.
En el otro extremo, en Río Gallegos 83,6 por ciento de los hogares tiene trabajadores formales, y pueden demostrar ingresos superiores a ocho mil pesos, el 16,8 por ciento del total, según la encuesta.
Pese a que puede haber algunas diferencias en el costo de construcción entre regiones, difícilmente puedan nivelar las diferentes condiciones de acceso. Se concluye, entonces que un mismo programa crediticio deja afuera a un mayor porcentaje de hogares en las regiones pobres que en las zonas ricas del país.
FUENTE: La Voz del Interior
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